¿Qué hacemos?
La Procuraduría General de la Nación es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías.
Conformada por cerca de 4 mil servidores, la Procuraduría tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a través de sus tres funciones misionales:
¿Cómo lo hacemos?
La función preventiva
Considerada la principal responsabilidad de la Procuraduría que está empeñada en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.
La función de intervención
En su calidad de sujeto procesal, la Procuraduría General de la Nación interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía. Su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales.
La función disciplinaria
La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario ó Ley 734 de 2002.
Política de calidad
En la PGN tenemos como política de calidad satisfacer las necesidades de nuestros usuarios conforme al ordenamiento jurídico, mediante la prestación de servicios disciplinarios, preventivos y de intervención, los cuales serán mejorados a través de la revisión y adecuación continua de los procesos y procedimientos, para hacerlos cada vez más confiables, transparentes, eficaces, oportunos, pertinentes y justos.
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Y EL DIÁLOGO SOCIAL
El camino hacia la garantía de los derechos ciudadanos ha tenido como protagonista a la Procuraduría General de la Nación a lo largo de la historia nacional. A partir de su experiencia la PGN ha venido construyendo, desarrollando e implementando en diferentes instancias, escenarios y espacios, con actores diversos y claves de los territorios, y utilizando el diálogo social como una herramienta valiosa y útil para el fortalecimiento y protección de la democracia, el derecho a la participación ciudadana y la construcción de paz en el país, una memoria histórica que ha aportado a la transformación de conflictos territoriales.
Cuenta con un recorrido valioso que da cuenta de su capacidad para generar consensos a partir de la diferencia en aspectos relacionados con el enfoque, metodología y apuestas institucionales para fortalecer el diálogo social como una herramienta que contiene elementos conceptuales y procedimentales que aportan a la protección de los derechos humanos y a la exclusión de la violencia en el relacionamiento de actores diversos.
La PGN en el marco de sus funciones legales y constitucionales, orientadas al ámbito del control preventivo, interviene a través del diálogo social en tres fases identificadas de los conflictos, de acuerdo a las diferentes dinámicas territoriales:
En la primera fase, previa a los conflictos, genera espacios de diálogo y concertación con los distintos actores del territorio, orientadas a la prevención con el fin de evitar la consumación de daños que pongan en riesgo los derechos humanos, el interés colectivo, del ambiente, o del ejercicio diligente y eficiente de la función administrativa.
En la segunda, cuando ya existe un conflicto, articula sus acciones internas, y con actores externos a la entidad, para que mediante el diálogo se logre facilitar los mismos y buscar una transformación orientada a la resolución de los conflictos.
Y finalmente, en la tercera, que es aquella en la cual el conflicto ha sido resuelto, a través de mecanismos de concertación, que dejan como resultado un acuerdo o compromiso de las partes, hace seguimiento de los mismos y verifica su cumplimiento.
De esta forma el diálogo social puede ser visto como un vehículo para transformar los conflictos que tiene una sociedad, y también como fin, pues permite generar las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la participación ciudadana real y efectiva.
El diálogo social se ha propuesto como un proceso en el que se reconoce al otro en su diversidad y otredad, que busca alcanzar la construcción de acuerdos, consensos y visiones comunes y compartidas, a partir del reconocimiento de reglas mínimas y legitimas con el objetivo de compartir y coexistir en un mismo territorio.
Desde esta perspectiva, podemos afirmar que el diálogo social se convierte en el elemento esencial para generar capacidades humanas frente a la transformación de conflictos, excluyendo la violencia, activando y operando redes y procesos de colaboración armónica entre actores diversos. Este ejercicio dialógico es capaz de trascender obstáculos asociados a factores políticos e ideológicos, fomentar la garantía del derecho a la participación ciudadana y a su vez de otra categoría de derechos, y elaborar una hoja de ruta compartida, incluyente y común para adoptar acciones de cambio en diferentes territorios.
Para la PGN, el diálogo social ha sido la metodología y el mecanismo que ha dispuesto el sendero para tejer acuerdos y visiones frente a lo fundamental entre la sociedad civil, el sector privado, las instituciones públicas y la academia, a partir de una premisa fundamental, enmarcada en la confianza ciudadana frente al diálogo para alcanzar una convivencia pacífica.
Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social
En la actualidad cumple sus funciones en materia de diálogo social de conformidad con lo previsto en el artículo 24, numerales 1, 2, 6, 9 y 12 del Decreto 262 de 2000 y la Resolución 242 del 28 de enero de 2019, mediante la cual se modificó el artículo 1 de la Resolución 017 de 2000 y se estableció que la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales se identificaría como Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social.
Estas funciones se orientan a través de una estrategia de transformación de conflictos que estimula la convivencia pacífica y el desarrollo social. En el marco de esta función busca fortalecer la confianza en las instituciones del Estado y contribuir al cumplimiento de los fines de la función pública. Fortaleciendo la institucionalidad mediante la convergencia de los sectores público y privado en la construcción de sistemas de control social y gestión de lo público; acercando la Procuraduría General de la Nación a las entidades territoriales mediante acciones coordinadas y tendientes al cumplimiento de sus fines misionales, tales como a la prevención de la corrupción, la garantía de los derechos de la ciudadanía y la salvaguarda del ordenamiento jurídico. De esta forma promueve la adopción de medidas, acciones y decisiones que acogen el diálogo ciudadano como esquema permanente y progresivo de gestión pública y social.
Capacidades territoriales para el diálogo social a partir de la Cooperación Internacional
El diálogo social como herramienta que permite transformar los conflictos y excluir la violencia en el relacionamiento con los diferentes actores, se convirtió en la columna vertebral de la gestión del equipo de diálogo social de la Procuraduría Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social y en un objetivo por alcanzar frente a las dificultades territoriales que representa la violenta realidad nacional de nuestro país.
La implementación de una agenda de diálogo social se convirtió en una prioridad para la entidad en el marco de las funciones asignadas por el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia, en especial, las relacionadas con el cumplimiento de la las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; la protección de los derechos humanos, su garantía y efectividad; la defensa de los intereses de la sociedad y la defensa de los intereses colectivos, en especial el ambiente.
Bajo esta perspectiva, el diálogo social se convirtió en la apuesta fundamental para la gestión, articulación y puesta en marcha de acciones que permitieran brindar posibilidades para abordar problemáticas estructurales que se presentan en los territorios, así como un aporte para propiciar el cambio en la manera como se gestionan los conflictos entre actores diversos.
Comprendiendo la necesidad del diálogo como potenciador de soluciones y como ventana de oportunidad frente a diversos conflictos, a partir de un diagnóstico realizado entre los meses de julio y agosto del año 2018, la Procuraduría Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social a través de sus dependencias del nivel nacional y territorial, pudo determinar que el diálogo social está presente en la mayoría de procesos del ámbito preventivo que adelanta la Entidad, función que es preponderante al ser un organismo de control del Estado.
A partir de este ejercicio, también se identificó que la materialización del diálogo social se encuentra presente al interior de la Entidad, a través de dos tipos de instrumentos: internos (gestión en la entidad) y externos (con participación de otros actores). Los instrumentos internos de los que dispone la PGN se enmarcan en el Sistema Integral de Prevención y en las herramientas de articulación y coordinación existentes entre procuradurías delegadas, distritales, regionales y provinciales (la PGN cuenta con 50 Procuradurías Provinciales, 32 Procuradurías Regionales y 2 Procuradurías Distritales, sumando 84 dependencias en todo el territorio nacional) como son las alertas tempranas frente a riesgos en materia de derechos, protocolos de actuación e intervención y las diferentes actuaciones administrativas (resoluciones, circulares y directivas).
Por su parte, los instrumentos externos de diálogo social utilizados por la PGN se refieren a herramientas propias de las dinámicas institucionales que surgen a partir de los procesos sociales que se desarrollan en los territorios como: mesas de trabajo con otras autoridades y la sociedad civil, mesas de negociación (que hacen seguimiento a compromisos), audiencias públicas, mesas temáticas, diálogo comunitario, formación y capacitación de la ciudadanía y las instituciones, producción de informes y participación en espacios institucionales.