Origen de las escuelas
Origen
Atendiendo a las necesidades del nivel nacional y territorial de la entidad y con el ánimo de crear un ambiente propicio para que a través del diálogo social se puedan ofrecer garantías para la construcción de paz, la trasformación de violencias estructurales y simbólicas, y fortalecer la democracia y la legitimidad del Estado en el nivel territorial, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, consideró indispensable buscar aliados que permitieran alcanzar este propósito a nivel nacional y territorial.
Por esta razón acude a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID para solicitar apoyo en la iniciativa de generación de instrumentos y capacidades de diálogo social en el territorio para la gestión y prevención de conflictos territoriales, el seguimiento a acuerdos y compromisos que surgen de estos espacios y la protección de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos.
La iniciativa se alinea con el objetivo principal del Marco de Asociación País Colombia-España (MAP 2015-2019), en tanto que busca el fortalecimiento del Estado Social de Derecho mediante la generación de espacios de diálogo que permitan la prevención y gestión de conflictividades. En este sentido, se articula con la orientación estratégica 1 del MAP (consolidar los procesos democráticos y el Estado de Derecho), puesto que con la acción se pretende generar instrumentos que permitan la solución pacífica de conflictos, la búsqueda de consensos y la prevención de posibles escenarios de violencia, así como la gestión y trámite de conflictividades.
En concreto se incluiría en la línea 1.2: Trabajar con el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos, contribuyendo al logro del resultado 4: La población priorizada dispone de programas/servicios que promueven la prevención de conflictividades sociales, transformación de imaginarios y prácticas culturales violentas y al indicador I3.
Esta iniciativa tiene un ámbito territorial focalizado en los municipios de El Carmen de Bolívar (Bolívar), Quibdó (Chocó), Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle de Cauca), Santander de Quilichao (Cauca), Bajo Cauca Antioqueño (Antioquia) y Bogotá D.C.
Cuenta con la participación de diferentes líderes, lideresas, y personas defensoras de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales de los municipios focalizados y funcionarios del Ministerio Público y entidades territoriales.
En la identificación de las personas que participan del proyecto se aplicó un enfoque diferencial de género, étnico, y territorial, orientado a garantizar la mayor pluralidad y diversidad posible, a partir de las particularidades y características de cada territorio.
Esta iniciativa que tuvo como criterio generador de ideas la iniciativa orientada a la protección de líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos identificó que la prevención de conflictos territoriales, la gestión de los mismos sin el uso de la violencia, el seguimiento de los acuerdos alcanzados, la generación de espacios territoriales adecuados para el diálogo social y la participación de actores claves en el territorio, alerta sobre el riesgo en el que se encuentra esta población objetivo y mitiga las afectaciones al derecho a la vida, integridad personal, seguridad y libertad personal.
En consecuencia, surge la necesidad de generar espacios territoriales adecuados para la prevención y gestión de conflictos, y el seguimiento a acuerdos en el marco de espacios de concertación con el fin de transformar conflictos, de forma tal que la violencia sea excluida de sus dinámicas, y genere espacios que disminuyan el riesgo para líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos, como actores claves del territorio.
Teniendo en cuenta la necesidad del diálogo para transformar conflictos y garantizar derechos de diferentes grupos poblacionales se diseñó una intervención territorial, capaz de articular estas premisas que tienen como finalidad el fortalecimiento del Estado Social de Derecho a través de la transformación de conflictos territoriales, la prevención de posibles escenarios de violencia, la promoción y divulgación del Diálogo Social para la gestión, articulación y puesta en marcha de acciones que permitan la solución de las problemáticas estructurales que se presentan en los territorios, así como un aporte para propiciar el cambio en la manera como se gestionan los conflictos entre actores diversos, y un seguimiento adecuado de los compromisos alcanzados.